Propuesta para la innovación de la fiscalización administrativa

Resumen

La fiscalización administrativa se entiende usualmente como una potestad pública otorgada a los órganos de la administración para supervisar, controlar, vigilar e inspeccionar las actividades realizadas por los administrados, así como para verificar su adecuación a la regulación vigente. Es decir, comprobar el cumplimiento normativo. Si bien hoy esta norma aún se encuentra redactada de la misma manera en la actual Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), hay una diferencia desde diciembre de 2016 con la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1272, que establece un marco conceptual y de regulación para la potestad fiscalizadora, aplicable de manera general y obligatoria a todos los niveles del Estado y sujetos involucrados. El presente artículo busca proponer un nuevo método para la innovación de la fiscalización administrativa, lo cual significaría un cambio en el modelo basado en un marco estrictamente legal o procedimental dominada por la disciplina jurídica, la búsqueda del orden público, entre otros mecanismos.