Revista Derecho Público Económico

Editorial

Christian Guzmán Napurí — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

Con mucho gusto les presentamos el Segundo Número de la Revista de Derecho Público Económico. Como lo hemos señalado en el Editorial de su Primer Número, la Revista tiene como objetivo ser un medio de publicación académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y, en particular, de la Maestría en Derecho Administrativo Económico, incluyendo a través de sus artículos diversos temas relevantes que abarcan desde el derecho Constitucional Económico hasta las Contrataciones del Estado, pasando por las diversas formas de intervención administrativa en la economía que existen.

Presupuesto por resultados (PpR): una mirada a los programas presupuestales (PP) del sector justicia

Alfonso Gutiérrez Aguado — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

El presente trabajo busca dar a conocer los programas presupuestales y las principales temáticas referidas a la celeridad de procesos de justicia que viene desarrollando el sector Justicia, realizando un comparativo desde su año de implementación a 2021. Ello permite evaluar cuál es el avance que ha obtenido en la asignación de recursos bajo la lógica de un presupuesto por resultados (PpR) y las recomendaciones para que el sector continúe con el fortalecimiento de sus programas presupuestales (PP) a través de considerar la revisión del diseño.

Nudges: un pequeño empujón a la regulación. Su aplicación en las políticas contra la covid-19

David de la Torre — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

El presente trabajo busca difundir el concepto «nudges» (un pequeño empujón), perteneciente, inicialmente, a las ciencias del comportamiento y a la economía conductual; y su uso e influencia en la regulación y las políticas públicas de los Estados, así como su aplicación en las políticas públicas contra la COVID-19 en el mundo.

Para ello, deseamos divulgar, por su parte, el concepto de «regulación» en su sentido amplio, no solo como función estatal, sino, especialmente, en su sentido de método de actuación estatal en la vida de la sociedad.

Finalmente, adentrarnos en los ejemplos más emblemáticos de nudges, su implementación en el Perú y los nudges utilizados en algunas partes del mundo, ante la COVID-19.

Régimen Constitucional del derecho fundamental de propiedad

Luis Sáenz Dávalos — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

El derecho fundamental de propiedad se encuentra reconocido principalmente en los artículos 2, inciso 16, y 70 de la Constitución Política del Perú. La propiedad es, pues y por elemental constatación, un derecho con reconocimiento constitucional, pero con desarrollo tanto en el ámbito constitucional como en el propiamente legal. Nuestra jurisprudencia constitucional ha definido a la propiedad como el poder jurídico que permite a cualquier persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, la cual admite la posibilidad de muy variados tratamientos a partir de los tipos o modalidades de bienes que esta pueda llegar a involucrar. La regla general que establece la Constitución en torno de la propiedad es la de su inviolabilidad y está claro que, aunque cualquier persona puede ser titular del derecho de propiedad, ello no significa utilizarla para propósitos incompatibles con el interés de todos, dado que de presentarse ello quedaría relativizada, cuando no desvirtuada, su propia fisonomía.

Las directrices de naciones unidas sobre protección al consumidor y lo establecido en el código de protección y defensa del consumidor del Perú

Hebert Tassano Velaochaga — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

Uno de los principios fundamentales de la llamada Constitución económica es el deber del Estado peruano de garantizar y defender los intereses de los consumidores y usuarios. Tutelar el derecho de acceso a información clara, veraz, sencilla y oportuna, sobre los bienes y/o servicios a su disposición en el mercado. Introducir en estos últimos años un cambio de visión en cuanto a los conceptos de consumidor y relaciones de consumo tradicionales. Por ello, hoy se abarcan ámbitos más amplios a través de la promoción de una actuación preventiva, proactiva, y coordinada con diversas instituciones del Estado, ciudadanos y los agentes económicos. Por ello, además, en 2010, se aprobó el Código de Protección y Defensa del Consumidor (CDPC), mediante la Ley 29571, que desarrolla los derechos de los consumidores y los deberes generales de los proveedores, los contratos de consumo, los métodos comerciales abusivos, la protección en productos o servicios específicos, las responsabilidades y sanciones a los agentes económicos que incumplen las disposiciones contenidas en este cuerpo normativo, la defensa colectiva de los consumidores y el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad nacional que, en aplicación del código, hace efectiva la protección y defensa de los consumidores, además de encargarse de las controversias entre consumidores y proveedores en temas consumo. Por otro lado, existen las directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, las cuales «son un conjunto valioso de principios que establecen las principales características que deben tener las leyes de Protección del Consumidor, las instituciones encargadas de aplicarlas y los sistemas de compensación para que sean eficaces». En este sentido, debemos comprender que el CDPC y el Indecopi sintonizan y desarrollan los criterios y estándares establecidos en las directrices, elaboradas con una alta exigencia. Por lo tanto, el CDPC y el Indecopi realizan una buena labor y el CDPC contiene un marco legal propicio para garantizar un equilibrio en las relaciones de consumo en el mercado.

Índices, libertad económica y las necesarias reformas de mercado a implementar

Christian Guzman Napurí — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

Es la economía social de mercado aquella que se encuentra consignada en el artículo 58 de la Constitución Política del Perú, y sin embargo, sin tener la idea clara se proponen múltiples afectaciones a la misma, a través de controles de precios, incorporación de delitos económicos, restricciones de actividades económicas o generando mayores regulaciones, cuando más bien se deben implementar reformas de mercado para la ansiada reactivación económica en un contexto complicado como el actual. Por ello, debemos implementar una adecuada tutela de la economía de mercado en nuestro país. Si revisamos el Índice de Libertad Económica, creado por el diario The Wall Street Journal y la Fundación Heritage, observaremos que nos encontramos bastante rezagados en esta materia.

Resulta sorprendente que los planes de gobierno de los diversos partidos en las recientes elecciones no se hayan enfocado debidamente en este mecanismo tan importante para incrementar la recaudación tributaria. Se enfocaron, más bien, en otros aspectos importantes: la ampliación de la base tributaria y la reducción de la evasión y de la elusión, pues una mayor y mejor inversión privada incrementa el crecimiento económico, que genera mayores puestos de trabajo. Además, se requiere mayor inversión privada para reducir la desigualdad.

El Estado debe fomentar la prestación de los servicios públicos y, en particular, la provisión de infraestructura. También se requiere que la inversión pública sea eficiente. Es decir, tener una mejor capacidad de gasto, que existe de manera limitada en la administración pública. Entonces, la desigualdad, y en particular la desigualdad en el ingreso, no proviene de la economía de mercado, sino de la falta de capacidad y de la corrupción en el Estado, que no invierte eficientemente en salud, educación, infraestructura y demás materias necesarias para reducir la desigualdad.

No podemos olvidar que un elemento clave contra la desigualdad es la reducción de la informalidad, siendo esta un importante obstáculo para el crecimiento económico, pues, a mayor informalidad, se produce un menor crecimiento de largo plazo.

Alcances sobre el derecho a la movilidad sostenible en el Perú (segunda parte)

Humberto Valenzuela Gómez — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

En nuestra nueva entrega, mencionaré las nuevas normas relacionadas con la movilidad sostenible, debido a la recientemente publicación de la Ley 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, la cual, según su artículo 1, tiene por objeto establecer el marco normativo para la gestión, protección, manejo y sostenibilidad de los espacios públicos, elementos esenciales para la mejora de la calidad de la vida de las personas y del ambiente en la ciudad. También garantizar su uso público, a través del trabajo coordinado, participativo y técnicamente consistente de las instituciones y organismos competentes.

Una de las mayores novedades de la Ley 31199 es la introducción del término «derecho a la ciudad», no como derecho propiamente dicho, sino incorporándolo dentro de lo que la norma denomina «principios» a considerar para su aplicación, con una referencia al derecho al bienestar y a la movilidad, entre otros, que mencionaremos en el desarrollo de este artículo.

Además, resulta importante revisar a nivel jurídico el esquema de responsabilidades de los funcionarios que emiten leyes, reglamentos, actos administrativos y declaraciones que afecten los derechos fundamentales directamente vinculados con la movilidad sostenible, para reducir el riesgo que las políticas dirigidas a la adopción de medidas e implementación de soluciones de movilidad sostenible se vean mediatizadas por decisiones basadas en cuestiones políticas o que respondan a intereses particulares, en desmedro de la ciudadanía.

¿Es posible el arbitraje de consumo para resolver las controversias entre empresas prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones y los consumidores?

Alejandro Moscol Salinas — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

El procedimiento administrativo de reclamación ha prevalecido como mecanismo de solución de las controversias entre las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones y sus usuarios. Sin embargo, según la política pública de protección del consumidor establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se pueden implementar mecanismos alternativos para una mejor tutela de los consumidores.

En el presente trabajo se explora la posibilidad de que se implemente el arbitraje de consumo para resolver estas controversias, y se identifican las ventajas y las desventajas del modelo actual de reclamación administrativa y del arbitraje de consumo. Se abre un espacio académico cuyo objeto es mostrar que el modelo procedimental actual puede revisarse y que existen otras formas de solución de conflictos y tutela del consumidor.

El régimen jurídico aplicable al procedimiento disciplinario en materia de hostigamiento sexual en las universidades

Alberto Cairampoma Arroyo — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

El presente artículo analiza el régimen disciplinario aplicable para casos de hostigamiento sexual en las universidades peruanas. En nuestro ordenamiento Constitucional no se reconoce de manera expresa la potestad sancionadora de la administración pública. Así, queda en el Tribunal Constitucional, a través de diversos pronunciamientos, declarar que el ejercicio de esta potestad resulta constitucional, siempre en cuando se respeten las garantías mínimas propias del derecho administrativo sancionador.

Hoy se cuenta con el texto único ordenado de la ley, aprobado mediante Decreto Supremo 004-2019-JUS. La importancia del establecimiento de este régimen en el caso peruano es innegable, pues desde la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo General (LPAG) se establecieron los límites y alcances del derecho administrativo sancionador. Se dejó por sentado que, si bien hay diferencias con el derecho penal, pueden compartir la aplicación de algunas instituciones y principios que sirven para el adecuado funcionamiento del sistema y una adecuada aplicación del ius puniendi del Estado.

En este sentido, en el caso de los casos de hostigamiento sexual, en el artículo 90 de la Ley Universitaria, se ha establecido que se pueden dictar medidas preventivas, lo cual incluye la posibilidad de que el docente sea «separado preventivamente sin perjuicio de la sanción que se imponga», alcanzando este régimen tanto a universidad públicas como privadas.

¿Puede el tribunal de contrataciones del Estado realizar el control difuso de las normas legales mediante acuerdos de sala plena?

Victoria Pérez Aguilar — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

El presente artículo pretende analizar la posibilidad de que el Tribunal de Contrataciones del Estado pueda realizar control difuso de las normas legales, específicamente de la norma de contrataciones del Estado, materializando este control a través de los acuerdos de Sala Plena. Este análisis se realiza a partir de la emisión del acuerdo de Sala Plena 003-2021/TCE, del 19 de marzo de 2021, que modifica el criterio interpretativo plasmado en el acuerdo de Sala Plena 08-2020/TCE relacionado con el alcance de los impedimentos establecidos en los literales a), b), c), d) y e) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley 30225, para el ejercicio de la docencia.

Las partes del contrato de concesión y la participación de los organismos reguladores en los procesos arbitrales

Richard Martin Tirado — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

En el Perú, existe una imprecisión terminológica sobre la naturaleza de la concesión administrativa, básicamente influenciada por las reglas aplicables a la contratación pública general, que se sustenta en el régimen clásico de la Ley de Contrataciones del Estado.

A partir de esta debilidad, se advierte que no existe una definición uniforme de los contratos de concesión como parte del modelo general que se encuentra recogido en el régimen de las asociaciones público-privadas. Ello ha generado un desborde en el tratamiento jurídico del contrato de concesión y en la delimitación del rol que deben desempeñar los distintos actores que inciden en su ejecución, entre los que se encuentran los organismos reguladores.

En este sentido, el carácter especializado de los contratos de concesión, implica evaluar con detalle el papel que cumplen los sujetos que participan como partes en los contratos, teniendo en cuenta la complejidad de la concesión administrativa: i) a nivel del procedimiento de selección del concesionario estatal; ii) en relación al acto de otorgamiento de la misma como un título habilitante y iii) en la ulterior celebración del contrato de concesión. Por ello, es necesario corregir determinados errores y mitos que se han construido sobre el rol paradigmático de los organismos reguladores y su participación activa en la solución de controversias contractuales.

El artículo analiza en forma crítica la forma en que se ha venido identificando el rol de los diversos sujetos que participan en el contrato de concesión, pero, a su vez, nos plantea alertas con respecto a las limitaciones normativas que hoy existen y que pudieran afectar a futuro la ejecución de estos contratos. En función de la experiencia comparada y de las diferentes reformas normativas aprobadas en los últimos años, el autor propone reformas que pueden ayudar a una ejecución más eficiente de los contratos de concesión.

El debido proceso en sede administrativa: garantía al ciudadano de una administración eficiente e imparcial

Mildred Valdivia Acuña — Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0000

El presente artículo se centra en el debido proceso y en la importancia que tiene en la protección de los derechos fundamentales. El debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, compuesto por el debido proceso adjetivo y el debido proceso sustantivo. Tal es así que, en América Latina, el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertas formalidades de trámite y procedimiento que deben observarse para la emisión de una sentencia, mientras que el debido proceso sustantivo garantiza que las sentencias sean razonables.

Hoy el debido proceso se caracteriza no solo por ser una exigencia y garantía a nivel de derecho interno que exige razonabilidad, suficiencia y congruencia, sino también que, como tal, ha sido reconocido por la doctrina internacional como un derecho humano. Esta conclusión deviene de la lectura e interpretación del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que lo define como una suerte de derecho complejo, que implica el desarrollo de diversas concretizaciones del mismo. Es decir, el ejercicio de un vasto conjunto de derechos diferentes identificándolo como sustento de la puesta en práctica de otros. Sin perjuicio de ello, y para comprender con detalle esta afirmación, debemos desmembrar su conceptualización.

Sin embargo, dada la importancia de su aplicación, se ha establecido que el debido proceso es un principio-derecho que necesariamente debe ser aplicado en sede jurisdiccional. No obstante, la jurisprudencia y la doctrina tanto nacional como internacional reconocen que este principio-derecho debe ser también observado en la tramitación de los procedimientos administrativos, para que las personas en el marco de un procedimiento administrativo puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, como las sanciones administrativas.