El status jurídico del denunciante en el procedimiento administrativo disciplinario

Víctor Lizárraga Guerra

Resumen


Se analiza la situación jurídica del denunciante respecto al inicio y trámite de un procedimiento administrativo disciplinario conforme al régimen sancionadordisciplinario del servicio civil, llegando a la conclusión de que el ciudadano denunciante podrá tener potestades de alegación y prueba dentro de un procedimiento siempre que la norma se lo permita.


Palabras clave


Procedimiento disciplinario; denuncia; sujeto del procedimiento

Texto completo:

descargar artículo

Referencias Bibliográficas


1. Para Orlando Vignolo Cueva, el artículo 105° de la LPAG define a la denuncia “como una comunicación voluntaria escrita realizada por un administrado para mostrar actuaciones administrativas y privadas “contrarias al ordenamiento”, presentada siguiendo unos requisitos formales flexibles pero preceptivos, que crean en el desarrollo de su tramitación ciertos deberes (de distinta naturaleza) en la Administración y un par de derecho condicionados en favor del denunciante. En: Ita Ius Esto, N° 6, Año 3, Universidad de Piura: Piura, 2005, p 159.

2. Para Juan Carlos Morón Urbina, “[d]e lo expuesto se comprende con facilidad que al no poseer el denunciante un derecho ni interés legítimos en la imposición del castigo que le permita obtener una satisfacción jurídicamente relevante, carece de la base jurídica indispensable para ser parte en el procedimiento, y como tal, interponer válidamente algún recurso administrativo…”. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica: Lima, 2011 p. 380.

3. Gómez Tomillo, Manuel y Sanz Rubiales, Iñigo, Derecho Administrativo Sancionador, Parte General, Thomson Reuter: Navarra, 2010, p. 729.

4. En el presente caso se configura una discrecionalidad mayor, el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída sobre el expediente N° 0090-2004 AA/TC, fundamento 8, señaló al respecto que “[l]a discrecionalidad mayor es aquélla en donde el margen de arbitrio para decidir no se encuentra acotado o restringido por concepto jurídico alguno. Por ende, el ente administrativo dotado de competencias no regladas se encuentra en la libertad de optar plenariamente…”.

5. Al respecto, Juan Igartua Salaverría, citando a Eduardo García de Enterría, Principio de legalidad, conceptos indeterminados y discrecionalidad administrativa, En: Revista española de Derecho Administrativo, N° 92, octubre-diciembre, Civitas: Madrid, 1996; precisa que “la Administración, está obligada a justificar las razones que imponen la decisión en el sentido del interés público de una manera concreta y específica y no con una mera afirmación o invocación abstracta”.

6. Considero que también debería legitimares a las personas jurídicas para ejercer su derecho a formular su denuncia conforme a señalado Manuel Rebollo Puig que “[l]os tribunales, pese a que su doctrina general de que sólo está legitimados quien obtiene un beneficio directo con la sanción conduciría a otra conclusión, se muestran más flexibles cuando se trata de asociaciones que actúan en defensa de intereses colectivos (….) Pero lo cierto es que los tribunales se muestran más dispuestos a encontrar este interés legítimo colectivo en la imposición de sanciones que el interés legítimo individual …”, Derecho Administrativo Sancionador, Lex Nova: Valladolid, 2010, p. 507.

7. La Secretaria Técnica en la Ley del Servicio Civil esta cargo del Secretario Técnico, que debe ser de preferencia abogado, quien realizará labores correspondiente al órgano de instrucción, es decir, se encargará de impulsar la fase de instrucción, elaborando la propuesta de resolución sobre las actuaciones administrativa más importante.

8. Cabe señalar, que el 22 de junio del año 2010 ha sido publicado en el diario oficial El Peruano la Ley N° 29542 Ley de Protección al Denunciante en el Ámbito Administrativo y de Colaboración Eficaz en el Ámbito Penal la misma cuya finalidad es proteger y otorgar beneficios a los funcionarios, servidores públicos o cualquier ciudadano que formule denuncia sobre hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en las entidades públicas, por lo que en el reglamento de la Ley deberá remitirse a los mecanismos de protección al denunciante en el ámbito administrativo, regulados por la referida norma.

9. Si bien es cierto el derecho a la tutela judicial efectiva es atribuible al denunciante interesado, dado el importante papel desempeñado por el denunciante, sería conveniente que este derecho se extendiese también al denunciante -simple, otorgándole la posibilidad de contradecir las resoluciones que ponen fin a los procedimientos administrativos, para tal efecto debería reconocérsele interés legítimo el cual implica una reforma legislativa.

10. Esta doctrina está recogida en sendas sentencias emitidas por el tribunal supremo español tales como: SSTS de 23 de febrero del 2000 (Ar. 2000/2652), de 17 de Marzo del 2000 (Ar. 2000/3274) de 8 de febrero del 2000 (Ar. 2000/1591 y 2000/1593), de 16 de julio de 1999 (Ar. 1999/6958), de 13 de julio de 1999 (Ar. 1999/6886), de 2 de julio de 1999 (Ar. 1999/6829), de 2 de junio de 1999 (Ar. 1999/5752), de 5 de noviembre de 1999 (Ar. 2000/627), de 10 de diciembre de 1999 (Ar. 2000/605), de 16 de octubre de 1998 (Ar. 1998/8144), de 9 de octubre de 1998 (Ar. 1998/8139), de 10 de julio de 1998 (Ar. 1998/7835) , de 4 de septiembre de 1998 (Ar. 1998/7046), entre otras.

11. En su trabajo intitulado Problemas jurídico-prácticos de la figura del denunciante en el procedimiento administrativo sancionador, trabajo que tiene su origen en una investigación realizada para la institución del Valedor do Pobo.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


 

Esta revista y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

 

Compártela en:

Google+   Twitter   Facebook 

 
Visita:
 
contador de visitas