Youth, Democracy, and Participation: How do they Come Together in the Southern Suburbs?
María Laura Eberhardt 1*, Leonardo Pucheta 2, Roberto Berrozpe 2
1 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Argentina; Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4447-5641
2 Universidad Nacional Arturo Jauretche - Argentina
* Correo para correspondencia: leberhardt@unaj.edu.ar
Partiendo del relevamiento y análisis de investigaciones y datos recientes, el presente artículo pretende indagar en el grado y las formas de participación política, así como en la percepción de la democracia, de las juventudes argentinas y del conurbano bonaerense durante y después de la pandemia Covid19 (2020-2024). Ello, prestando especial atención al diferencial de género. La cuestión adquiere mayor relevancia en un contexto en que la caída en los indicadores económicos y la temporaria restricción de las libertades cívicas por los gobiernos, resultantes ambos de la emergencia sanitaria, impactaron negativamente en la población y, más aún, en niñeces, adolescencias y juventudes. Como resultado del estudio se pone en evidencia las nuevas y viejas formas que los y las jóvenes de áreas vulnerables de Argentina comenzaron a emplear, y continuaron haciéndolo, durante y tras el aislamiento, así como su nivel de apoyo o rechazo al régimen democrático, tratándose de un actor central en el presente y futuro de nuestros Estados.
Based on the collection and analysis of recent research and data, this article aims to investigate the degree and forms of political participation, as well as the perception of democracy, among Argentine youth and those in the Buenos Aires metropolitan area during and after the COVID-19 pandemic (2020-2024). This approach pays special attention to the gender gap. This issue takes on greater relevance in a context in which the decline in economic indicators and the temporary restriction of civil liberties by governments, both resulting from the health emergency, negatively impacted the population and, even more so, children, adolescents, and young people. The study highlights the new and old forms that young people in vulnerable areas of Argentina began to employ, and continued to do so, during and after the lockdown, as well as their level of support for or rejection of the democratic regime, which is a central actor in the present and future of our states.
Recepción, 12 de junio de 2025; Aceptado, 3 de julio de 2025; Publicado, 27 de julio de 2025
DOI: http://dx.doi.org/10.18259/acs.2025030
Esta investigación se enmarca en una línea temática prioritaria: el ejercicio de los derechos constitucionales de participación política y la afección a la democracia de los/as jóvenes argentinos/as y del conurbano bonaerense. El objetivo general es, a partir de trabajos recientes, así como de otras fuentes de datos disponibles (periódicos, informes, resultados electorales, estadísticas, censos), indagar las formas y grado de ejercicio del derecho constitucional a la participación política de los/as jóvenes de esta región entre 2021 y 2024, así como su percepción de la democracia. Se tomará en consideración la dimensión de género a fin de identificar patrones diferenciales entre varones y mujeres en ambos aspectos.
El análisis cobra mayor relevancia en un contexto de post-pandemia Covid19, donde los indicadores económicos y sociales experimentaron un marcado descenso en Argentina (Ochoa y Albornoz, 2022), impactando especialmente en las zonas de menores recursos. Por otro lado, las libertades cívicas constitucionales se vieron afectadas temporalmente (al menos, desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022) debido a las medidas gubernamentales implementadas para contener la propagación del virus. Estos eventos tuvieron consecuencias particulares en los/as jóvenes, fundamentalmente en aquellos/as que cumplieron 16 años a partir de 2020, en tanto se trata de un sector en momento de iniciar y/o afianzar su ejercicio de los derechos cívicos constitucionales, no solo electorales, sino también, de participación en formas tanto tradicionales como novedosas de manifestación política: como protestas callejeras, militancia partidaria, activismo digital, pertenencia a organizaciones de la sociedad civil, entre otras. A su vez, se presume que las mujeres fueron más negativamente afectadas en términos de expresión y participación política en comparación con los varones debido a su mayor vulnerabilidad en cuestiones de empleo, ingresos, violencia, acceso a la educación, responsabilidades domésticas y de cuidado, etc.
Por otro lado, los resultados de las elecciones presidenciales argentinas de 2023 revelaron un ganador totalmente inesperado: Javier Milei, un outsider de la política (hacía solo dos años que había entrado formalmente en ella como diputado nacional tras una carrera de economista desarrollada en el ámbito privado); carente de una estructura partidaria sólida y de alcance nacional (su coalición, La Libertad Avanza, fue fundada en julio de 2021 y solo obtuvo dos intendencias en Córdoba, una en Chubut, 38 diputados nacionales y siete senadores para 2024); ideológicamente calificado de derecha o extrema derecha; con un discurso político anti-“casta” y anti-Estado, un discurso social conservador (anti-aborto, anti-
educación sexual integral, anti-feminista) y un discurso económico liberal (pro recortes,
ajustes y privatizaciones); con una personalidad excéntrica y un perfil confrontativo y mediático (evidente desde sus primeras notas de opinión anti-K en prensa gráfica en 2010 y su incursión en los debates televisivos desde 2015).
Dicho fenómeno tiene relación directa con nuestro tema de estudio en tanto fue la juventud la que optó en forma mayoritaria por dicho candidato: lo votó el 70% de los/as menores de 24 años. A su vez, en este grupo etario, los varones de sectores socioeconómicos bajos le otorgaron su voto en mayor proporción que las mujeres y que los varones de sectores medios y altos. El voto a Milei tuvo un claro componente joven (menores de 30 años), masculino y de clases populares, es decir, parte importante de nuestro grupo bajo estudio.
En definitiva, todo lo anterior otorga a nuestra materia de estudio gran interés, actualidad y relevancia para comprender y explicar el pensamiento y accionar político de un actor central en el presente y futuro cercano de nuestro Estado constitucional democrático.
Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia COVID-19 a nivel mundial han sido contundentes, registrando en 2020 una caída del PIB de casi el 3% y, en las principales economías del mundo, de un 5%. En Argentina, que ya venía de dos períodos consecutivos de retracción de su PIB, la pandemia implicó en 2020 una pérdida de casi el 10%. Respecto del crecimiento promedio del PIB (2020-2023) a nivel mundial y de América Latina, la Argentina quedó rezagada. Si bien, la economía nacional en los dos años posteriores tuvo un crecimiento del 11% en 2021 y de casi el 5% en 2022, tal repunte no tuvo repercusiones favorables en la población, tanto en la situación social, como en las condiciones laborales y en la distribución del ingreso.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que América Latina fue la región en desarrollo más afectada por la pandemia COVID-19, mostrando un retroceso de la situación social y económica de 12 años. Del análisis de la Encuesta Permanentes de Hogar (EPH) del INDEC surge que, durante el año 2020 se produjo una retracción en la tasa de actividad del 4% y un aumento de la desocupación del 3,2%. Si tenemos en cuenta el segundo trimestre de 2020, periodo en el que se aplicaron las políticas más restrictivas a la circulación de la población y de aislamiento social, la tasa de actividad cayó al 38,4% y la
desocupación ascendió al 13,1%. Al respecto, Oliver Filleule (2020) argumentó que los gobiernos de numerosos países decidieron implementar medidas de confinamiento y cuidado, realizando sacrificios considerables, tanto en el ámbito económico, como social y político, con el único objetivo de salvar vidas.
Ante este escenario, en Argentina, los diferentes niveles de gobierno llevaron adelante una serie de acciones para mitigar los efectos de la crisis, principalmente, de transferencia monetaria, incrementando los ingresos de las familias más vulnerables. Se desarrollaron nuevas políticas de transferencias como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Asimismo, se implementaron otro tipo de políticas como programas para reforzar el acceso a la educación remota, la provisión de bienes y servicios básicos, la inversión en infraestructura y la prevención sanitaria (Díaz Langou y otros, 2020).
Si bien la política de aumento de ingresos a las familias y personas más vulnerables fue amplia, resultó insuficiente dada la situación macroeconómica argentina, cruzada por el alto endeudamiento producido por las políticas liberales del gobierno de Cambiemos (Basualdo, 2022), que acarreó un cronograma de pagos y condiciones económicas críticas, así como una matriz productiva concentrada y dependiente de las importaciones, entre otros factores económicos estructurales. A esto se suma la pugna por la apropiación del excedente entre los sectores económicos concentrados (Manzanelli y Amoretti, 2022), la falta de una política de desacople de precios y regulación de los diversos sectores económicos, y, posteriormente, la guerra entre Ucrania y Rusia, que empujó a la suba los precios de los alimentos y la energía, dando como resultado un alza inflacionaria y la caída de los ingresos de la población en términos reales.
En este sentido, a partir de los datos provistos por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC advertimos que en el año 2020 se produce un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores registrados, aunque luego cae al valor de 2019. En 2021 se mantiene estable. A partir del año 2022 comienza a producirse una pérdida del poder adquisitivo, el que se recupera a mediados de 2023, pero que vuelve a caer un 10% en noviembre de ese año. Esta situación se recrudece en los trabajadores no registrados. En el año 2020 se pierden 230.000 puestos de trabajo registrados, lo que implica una retracción del 2% del empleo. En los años siguientes se observa un crecimiento importante del trabajo registrado, llegando al año 2023
con la creación de casi 1.500.000 empleos con relación a 2020. No obstante, este incremento del empleo registrado estuvo motorizado por los monotributistas y monotributistas sociales, los que concentraban 700.000 nuevos puestos de trabajo. Es de destacar que se trata de prestadores de servicios y cuentapropistas, los que suelen tener las peores condiciones laborales, así como los ingresos más bajos.
Por último, en 2020 se registró un aumento considerable del índice de pobreza, en más del 7%, alcanzando esta situación al 42% de la población, en tanto la indigencia llegó al 10,5% a nivel nacional. Como se señaló anteriormente, la crisis de la COVID-19 afectó de manera disímil a las diferentes áreas geográficas del país, siendo el conurbano bonaerense la segunda región más afectada, alcanzando la condición de pobreza a un 51% de su población y, la de indigencia, a un 15,2%. A esto se debe sumar que la juventud fue el segundo grupo etario mayormente perjudicado por la crisis, alcanzando la pobreza al 49,2% de los jóvenes y, la indigencia, al 9,6%. Si bien en 2021 hubo un repunte de la situación social, cayendo casi un 5% la pobreza y un 2,3% la indigencia, en 2023 los valores de pobreza e indigencia llegaron a igualar y superar a los del año más crudo de la pandemia. Son por tanto las juventudes, junto con las infancias, los grupos más seriamente afectados por la crisis de pandemia, sobre todo, los de las zonas más desfavorecidas del país, como el conurbano bonaerense, debiéndose subrayar la confluencia entre el voto a Milei y el empeoramiento de la situación socioeconómica en este sector.
Antes de indagar acerca de la percepción sobre la democracia de los jóvenes argentinos y del conurbano bonaerense en época de pandemia y post-pandemia es preciso definir qué entendemos por democracia. Recientemente, Adam Przeworski diferencia entre democracia como método, empleado para procesar cualquier conflicto que pueda surgir en una sociedad en particular, de democracia como encarnación de valores, ideales o intereses que diferentes grupos de personas pretenden que este régimen haga realidad (2024, p. 5). Se trata de una distinción entre concepciones minimalistas y maximalistas de democracia, cada una de ellas con su propia connotación normativa (Ídem). Acorde con los fines de este trabajo, adoptamos la segunda definición, en la medida en que su amplitud y apertura ofrece mayores posibilidades a los/as jóvenes a la hora de formular y dar a conocer su percepción sobre aquélla.
La siguiente cuestión es definir de qué valores, ideales o intereses se trata. Una posibilidad es dejarlo como significante vacío, al cual cada quien asigna su propio contenido, ya que, de lo contrario, la lista sería muy larga (para no decir, infinita). Parafraseando a Przeworski, casi todos los aspectos normativamente deseables de la vida política, y, a veces, incluso de la vida social y económica, pueden atribuirse a la democracia (2024, p. 6). Otra opción sería la de atribuirle materias específicas, por ejemplo: libertad de conciencia y de expresión, justicia, gobierno decente, entre otras (Schumpeter, citado en Przeworski, 2024, p. 6). Para estos autores, los diversos contenidos funcionan como valores extrínsecos superiores a la democracia, la cual sería apreciada como un medio propicio para alcanzarlos.
Tomando en cuenta el objetivo de esta investigación, algunos contenidos asociables a la democracia como encarnación de valores podrían ser aquellos vinculados con el propio régimen institucional democrático, como ser: su efectividad y legitimidad, la confianza en sus instituciones, la representatividad de sus partidos y gobernantes, su accesibilidad. Otros, en cambio, podrían tener que ver con la garantía de un nivel mínimo aceptable de libertad individual y de calidad de vida o de bienestar para todos los ciudadanos: libertad de pensamiento, de expresión, de información, de asociación, acceso a servicios básicos (vivienda, salud), a un trabajo digno, a la educación, al ocio, etc. Una tercera opción sería la de concebir una equilibrada combinación entre ambos conjuntos de intereses o ideales (político-institucionales y económico-sociales).
En cuanto a la posible relación entre gobierno democrático y derechos fundamentales hay que empezar por aclarar que esta no resulta tan obvia, aunque suele darse por sentada o supuesta (Thompson, 2002, p. 79). Un marco internacional de referencia en lo que hace a tal relación es la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Como afirma José Thompson (2002, p. 81), los derechos políticos allí enumerados suponen la vigencia de un régimen democrático, a saber: derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos (directamente o por representantes libremente elegidos); derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, igual y secreto, de modo que garantice la libre expresión; e igualdad de oportunidades para el desempeño de las funciones públicas. Al mismo tiempo, ciertas instituciones fundamentales del régimen democrático (como la Justicia)
«son esenciales para asegurar la vigencia de los derechos humanos» (p. 82). Resulta evidente que ambos conceptos se implican mutuamente. Es decir, «los derechos humanos no sólo incluyen disposiciones esenciales para la existencia de la democracia» (Thompson, 2002,
p. 83). A su vez, «el fin mismo de la democracia no es solamente el ejercicio de un sistema de
gobierno sino la búsqueda del bienestar de los ciudadanos» (Ídem). En definitiva, «la democracia es el régimen por excelencia en el que la vigencia de los derechos humanos puede darse» (Ídem), al tiempo «que la medida de la salud y calidad de la democracia puede hallarse en el marco que ofrecen los derechos humanos, integralmente considerados» (Ídem).
Profundizando en este aspecto tenemos que «la garantía del autogobierno popular en consonancia con la protección de los derechos humanos» es la «democracia constitucional» (Jiménez-Ramírez, 2021, p, 91). Como sostiene Milton Jiménez-Ramírez «la teoría constitucional ha estado centrada en el orden, la limitación del poder, el establecimiento de la separación y el equilibro de poderes, el sistema de pesos y contrapesos y la garantía de las libertades civiles» (p. 93), todo, con el fin de contener al pueblo y prevenir la amenaza de una dictadura de la mayoría. Ahora bien, la emergencia sanitaria ocasionada por la Covid19 puso en evidencia «que la democracia constitucional pueda verse desvirtuada en un ámbito de pandemia» (p. 94), o que, «en momentos extremos que exigen la mayor efectividad en la protección de los derechos de las personas» (Ídem) tal diseño constitucional puede resultar insuficiente.
En el caso argentino, «la emergencia facilitó la imposición de estados de sitio y estados de conmoción no declarados” (Gargarella y Roa Roa, 2020, p. 7). Se trata de «mecanismos extremos» (ya que implican la suspensión de las garantías constitucionales) que, si bien estaban presentes en la Constitución argentina (artículo 23°), el entonces presidente, Alberto Fernández, los estableció de hecho, esto es, «sin declararlo formalmente» (Ídem). Si tenemos en cuenta además que, en este país, «la restricción a los derechos constitucionales sólo puede hacerse a través de la autorización del Congreso o mediante un decreto legislativo expedido en ejercicio de los poderes de excepción y no en ejercicio de la situación administrativa de emergencia sanitaria o de las facultades regulatorias ordinarias» (p. 8) el panorama empeora. En efecto, «bajo el paraguas de la emergencia» (Ídem), en Argentina las decisiones públicas relevantes fueron adoptadas por el Ejecutivo, lo que representó «un problema extremadamente grave, especialmente cuando tenemos en cuenta que muchas de ellas han implicado restricción a los derechos constitucionales fundamentales (i.e. los derechos de libre circulación, reunión o protesta)» (Ídem).
A lo anterior se agrega una deuda previa de la democracia argentina con derechos sociales básicos como el de salud, donde la deficiencia y lo insatisfactorio del sistema sanitario redundó en una muy severa restricción a los demás derechos y libertades fundamentales. En palabras de Roberto Gargarella y Jorge Roa Roa: «el (alto) grado de aislamiento viene, en verdad, del déficit en el sistema de salud y de la ausencia sistemática de políticas públicas en materia de derechos sociales» (2020, p. 14). Finalmente, debemos sumar el despliegue o intensificación de «actividades de ciber-patrullaje» (p. 20) a manos de las fuerzas de seguridad, así como
«las detenciones masivas, arbitrarias y sistemáticas por parte de las autoridades del Estado» (p. 25), las que no estaban justificadas por la emergencia sanitaria. En definitiva, se habla de una «fuerte penalización y militarización del tratamiento a un problema democrático, social, económico, sanitario y científico» (p. 16).
Un último aspecto a considerar sobre la democracia es cómo este escenario restrictivo de pandemia afectó la forma en la que la juventud (sobre todo, la organizada o movilizada) la percibía. Según el estudio de Melina Vázquez y otros (2021, p. 62), casi la mitad de las organizaciones juveniles consultadas en Argentina afirmaron que la pandemia no había impactado en su valoración de la vida democrática, sobre todo, entre los grupos sindicales, rurales-indígenas y feministas. Para algunos, ello fue debido a su ya escéptica o negativa visión previa sobre la democracia y el Estado (como agente represivo). Para otros, porque consideraron que el gobierno hizo lo que debía hacerse (más allá de sus efectos no deseados) y/o que esto no había tenido mayores impactos sobre el sistema democrático (pp. 63-64) ni sobre su percepción del mismo (p. 65). En cambio, para las organizaciones partidarias, estudiantiles, socio-comunitarias y ambientalistas (mayormente para las de centro y derecha, aunque también, para algunas de las de izquierda) la experiencia de la pandemia y sus políticas sí que había cambiado, y de modo negativo, la vida democrática. Más que nada, debido al incremento de las desigualdades, la profundización de la brecha social, la vulneración de las libertades individuales y el ejercicio más autoritario del poder, entre otras razones.
Para abordar esta cuestión es menester comenzar por ofrecer una noción básica de participación. Este sustantivo proviene del verbo participar, que significa tomar parte en algo, involucrarse personalmente en alguna cosa. A su vez, la participación pública o política (a diferencia de la participación privada) se desarrolla en el ámbito público o en la sociedad
política, donde nos comportamos como ciudadanos, miembros del poder soberano gobernante. Esta puede ejercerse: a través de canales legales y formales, la participación institucionalizada (como el voto para elegir a los representantes), o por vías espontáneas e informales, la participación no institucionalizada, la que, de manifestar algún reclamo, se denomina protesta social (como una marcha o un cacerolazo).
La participación política institucionalizada puede ejecutarse por dos tipos de vías: el voto para elegir representantes o los llamados mecanismos participativos, de democracia directa o de democracia semidirecta (como el referéndum, la revocatoria de mandato, el presupuesto participativo, etc.) La primera, es la participación electoral, pilar de la democracia representativa o gobernada. La segunda, es la participación social (Peruzzotti y Smulovitz, 2002), vinculada con la democracia participativa o gobernante (Sartori, 1994). Respecto de esta última cabe aclarar que, en Argentina, la preocupación por la apertura de espacios directos o semidirectos de participación ciudadana no estaba presente en los primeros tiempos del Estado, sino que habría que esperar a la reforma constitucional de 1994 para asistir a la incorporación de los primeros mecanismos de democracia semidirecta a los moldes del constitucionalismo clásico (Sabsay, 2007). En efecto, en aquella ocasión se incluyó a la iniciativa legislativa y a la consulta popular vinculante y no vinculante. Sobre la primera, el artículo 39° de la Constitución reformada otorga a los ciudadanos el derecho de presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, los que deben recibir tratamiento expreso en un año. Tales proyectos requieren ser acompañados por el aval de no más del 3% del padrón electoral y no pueden referirse a temas de reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. En cuanto a la segunda, el artículo 40° de la Constitución reformada concede al Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, la potestad de someter a consulta popular un proyecto de ley, el que, de recibir el voto afirmativo del pueblo de la Nación, se convierte en norma y su promulgación es automática (consulta popular vinculante y de voto obligatorio). A su vez, el Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, pueden convocar a consulta popular no vinculante, no siendo obligatorio votar en este caso. Si bien el alcance de esta incorporación de mecanismos participativos no fue de lo más amplio (comparemos, por ejemplo, con la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996 que incluyó seis de tales institutos) de todos modos dicho esfuerzo constituyó un paso importante para legitimar las formas semidirectas de participación cívica, ampliar los márgenes democráticos y de ejercicio de los derechos ciudadanos y constituir un ejemplo a imitar por las constituciones y leyes provinciales y locales en el país.
Retomando nuestro tema de estudio, la participación política y la percepción sobre la democracia de los/as jóvenes en situación de vulnerabilidad, toca definir juventud, aquí concebida «como un fenómeno sociológico» (Villa Sepúlveda, 2011, p. 149) que «no se inscribe en el reino de la naturaleza, ni está regida por ella» (Ídem). Tampoco se determina netamente por la edad biológica, sino que alude «a la identidad social que desarrollan las individualidades humanas» (Ídem). La juventud es así “un proceso que deviene en lo social humano; que hace que las y los jóvenes estén subordinados/as a quienes han devenido a la condición adulta y que está caracterizada por las prácticas diferenciadas que desarrollan aquellas y aquellos que atraviesan la condición juvenil» (Ídem). A su vez, «presenta diferentes modalidades según la incidencia de una serie de variables (...) la edad, la generación, el crédito vital, la clase social, el marco institucional y el género» (Margulis y Urresti, 2000, p. 10). Es decir, la juventud «no se manifiesta de la misma manera si se es de clase popular o no» (Ídem). Lo mismo ocurre con la condición de género: «hay más probabilidades de ser juvenil siendo hombre que siendo mujer, ya que los hijos implican urgencias distintas en la inversión del crédito social disponible» (Ídem).
Por otro lado, en lo que respecta a la noción de vulnerabilidad, comenzamos por clarificar que, cuando hablamos de jóvenes en general (sin distinción de clases social, contexto familiar, género, situación laboral, nivel educativo, etc.) partimos del supuesto de que se trata de un colectivo vulnerable, entendiendo por vulnerabilidad el «ser susceptible de ser lastimado, de recibir un golpe físico o moral» (Stern, 2004, p. 131). Ello, en tanto la juventud se encuentra (ya sea por minoría de edad -si contamos desde los 16 años-, por falta de experiencia, por dependencia o fragilidad económica, etc.), en una condición social de riesgo, debilidad o dificultad extraordinaria que puede afectar su subsistencia y/o calidad de vida actual o a corto plazo (Losada y Sivila, 2018, p. 4). A esta vulnerabilidad de base muchas veces se suma otra: la vulnerabilidad social, donde la «susceptibilidad no es determinada de manera individual, sino socialmente» (Stern, 2004, p. 131). Este concepto complejo «comprende la interacción de condiciones y situaciones tanto estructurales como coyunturales» (Ídem), así como «varias dimensiones: la económica, la social y la cultural» (Ídem) y «se manifiesta en varios niveles: objetivo y subjetivo» (Ídem). En la mayoría de los casos «se asocia empíricamente con la pobreza» (Ídem).
A su vez, la noción de vulnerabilidad también es aplicable a las mujeres: la vulnerabilidad de género, sobre todo, en un contexto signado por «el carácter de género de la economía política y el androcentrismo del orden cultural» (Fraser, 2002, p. 3), a lo que se suma su mayor exposición a sufrir violencia doméstica (Bogantes Rojas, 2008, p. 55). O sea que, a la vulnerabilidad general de la juventud, en este subgrupo particular de nuestro caso de estudio (las mujeres jóvenes del conurbano bonaerense), se adiciona la vulnerabilidad social (ligada al proceder, vivir y/o trabajar en una región desfavorecida económicamente) y la vulnerabilidad de género, «referida a las desventajas sociales que de manera particular se desprenden del rezago social de la mujer latinoamericana con relación, por ejemplo, a educación, salud, ingresos, empleo, y participación social y liderazgo» (Sánchez y Valle, 2007, p. 4). Todo lo cual condiciona aún más sus posibilidades concretas de ejercer sus derechos constitucionales democráticos y cualquier forma de participación política.
En Argentina, la participación política de los jóvenes ha tenido un rol de gran importancia en los últimos 50 años. Durante la década de 1970 integraron movimientos estudiantiles y organizaciones políticas. También fue la población más afectada por asesinatos y desapariciones forzadas durante la dictadura cívico militar de 1976-1983. Según el Registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado, el 59,4% de los afectados totales tenían entre 19 y 20 años al momento de su desaparición y/o asesinato (SDHN, 2015, p. 1552). Con la vuelta de la democracia y la llamada primavera alfonsinista, los jóvenes fueron fundamentales en la revitalización de los partidos políticos y en la reorganización de la militancia estudiantil (tanto en las escuelas secundarias como en las universidades). Durante los años 1990, la organización de los jóvenes contra las políticas de desindustrialización y desempleo producto de las medidas neoliberales del gobierno de Carlos Menen se plasmó en movimientos y organizaciones sociales. Está década, de nuevo, fue particularmente dura para los jóvenes en su relación con las fuerzas de seguridad. Según el CELS, durante el período 1993-2000 el 69,3 % de las víctimas de la represión policial tenían entre 15 y 27 años. Si hacemos foco en el conurbano bonaerense, esta cifra sube al 75,3%, en su mayoría, varones de bajos recursos. Poco después los jóvenes, al ver disminuidas sus posibilidades y oportunidades por la crisis económica que desencadenó el colapso del gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, volvieron a desempeñar un rol protagónico, tanto en los cacerolazos del 19 y 20 de diciembre como en las asambleas barriales, marchas, cortes de rutas y demás formas de protesta.
A partir de 2003 se abre un nuevo proceso de participación juvenil que se consolidará en la década siguiente. Por un lado, esta participación tiene lugar mediante el crecimiento de la inserción de los jóvenes en las estructuras políticas “clásicas”: partidos políticos, sindicatos, agrupaciones (Vommaro, 2015). Tal vez el ejemplo más evidente sea La Cámpora, que ocupó un lugar como la cara joven del kirchnerismo y de sus políticas de inclusión social y defensa de los derechos humanos. A su vez, el autor advierte acerca del surgimiento de otros espacios donde los jóvenes demostraron su activismo, como los movimientos estudiantiles en defensa de la educación pública (tanto en colegios secundarios como en universidades); las protestas ambientales contra la deforestación, la minería a cielo abierto o el uso de fumigantes nocivos en los cultivos; entre otros. Por último, destaca la creciente participación de, principalmente, mujeres jóvenes, en movilizaciones como las del Ni Una Menos y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En lo que hace a la participación política colectiva de los/as jóvenes, no debemos dejar de lado el impacto que la pandemia y las medidas de prevención de la enfermedad (aislamiento, distanciamiento, prohibición de reuniones, restricciones a la circulación, detenciones arbitrarias, etc.) tuvieron sobre este colectivo vulnerable, el cual, además, desde un discurso adultocéntrico fuertemente mediático, fue considerado el principal responsable del incremento de los contagios (Vázquez et al, 2021, p. 25). Para Vázquez y otros, «la pandemia ha impactado de forma significativa en el repertorio de acciones colectivas utilizado en este período y, también, en las formas de organización de los grupos juveniles, tanto en su dimensión externa como interna» (2021, p. 5). Incluso más, los autores subrayan la presencia de tales grupos juveniles en el espacio público, no solo «en la movilización en las calles o en la producción de formas de activismo digital, sino también con la visibilidad de experiencias que buscan dar respuesta a la inusitada puesta entre paréntesis de la presencialidad» (Ídem).
Según dichos investigadores, «algunas de las movilizaciones se llevan adelante sin que su propósito explícito sea violar las medidas de aislamiento» (Vázquez et al, 2021, p. 22), sino
«poner sobre la agenda pública aspectos que requieren ser problematizados durante la pandemia» (Ídem). Simultáneamente, observan que tales colectivos «intervienen de forma activa en la construcción y disputa de sentidos públicos sobre los acontecimientos, las agendas emergentes de la crisis y la producción de causas militantes en las que los diversos grupos se involucran durante la pandemia» (Ídem). Lo cierto es que, de diversas formas, los/as
jóvenes se fueron adaptando a las nuevas circunstancias «para poder seguir llevando adelante su compromiso sociopolítico» (Ídem) a través de acciones colectivas, sean éstas online, offline o en vivo (Vázquez y Cozachcow, 2021, pp. 176-177).
Otro aspecto que no podemos ignorar es lo que Vázquez y Alejandro Cozachcow identifican como «uno de los principales emergentes de la movilización juvenil durante la pandemia: las juventudes de derechas» (2021, p. 185). Según ambos autores, si bien varios de estos colectivos existían previamente a la pandemia, en este periodo «cobran visibilidad durante las movilizaciones callejeras, así como en las redes sociales» (Ídem). Como ejemplo traen a colación el caso de Jóvenes Republicanos, espacio juvenil de Unión Republicana (perteneciente a Propuesta Republicana -PRO), partícipe destacado en movilizaciones opositoras más amplias; o, también, a Pibes Libertarios, Frente Joven y Marcha por la Vida, para quienes «las restricciones definidas por el gobierno constituyeron un marco de oportunidad para los grupos que se movilizan no solo en contra de las restricciones, sino además del gobierno (Vicente y Saferstein, 2020; Soto Pimentel et al., 2021)» (citado en Vázquez y Cozachcow, 2021, p. 187). Concretamente, el accionar de estas agrupaciones jóvenes de derechas durante la pandemia se dirimió «en la disputa sobre la movilización en las calles» (Ídem) y en “los sentidos y modos de representar políticamente a las juventudes» (Ídem).
Respecto de la participación individual de la juventud a nivel nacional en el periodo bajo estudio debemos empezar por considerar que «sobre el padrón nacional, para las elecciones nacionales de 2023, el 18,1% del padrón está integrado por jóvenes de entre 16 y 25 años, y el 20,3% por adultas/os jóvenes de entre 26 y 35 años» (Alcaraz y otros, 2023, p. 14). Según un informe realizado en 2021, cuando en Argentina aún se vivía bajo medidas de aislamiento y/o distanciamiento social obligatorio, «la única acción que realiza una amplia mayoría de los y las jóvenes es votar en las elecciones generales (el 76%)» (Pérez Coutado y Nicolás Rodríguez, 2021, p. 77).
En cuanto a otro tipo de acciones, Ariana Pérez Coutado y Pilar Nicolás Rodríguez encuentran que «no llega a la mitad el porcentaje de jóvenes (consultados) que (las) realizan» (2021, p. 77), a saber: votar en el centro de estudios (el 45%); seguir la información política (el 38%); hablar de temas políticos (el 31%); firmar una petición (el 28%); y participar en acciones de
protesta (el 21%)» (Ídem). Otras formas de participación política tienen aún menos adherentes, como «participar en un debate (el 18%); participar en el centro educativo (el 15%); apoyar campañas políticas (el 13%); y ponerse en contacto con algún político (el 8%)» (p. 78).
Sobre la situación socioeconómica de los/as hablantes, los autores concluyen que los y las jóvenes de los niveles alto y medio registran un mayor grado de participación en las diferentes acciones mencionadas que las juventudes de nivel bajo, sobre todo, en actividades como votar en el centro de estudios (el 50% del nivel alto vs. el 37% del nivel bajo) o hablar sobre temas políticos (el 38% del nivel alto vs. el 28% del nivel bajo). Esta tendencia incluye a la participación electoral, ya que del sector alto vota el 81% y del sector medio, el 82%, mientras que del sector bajo sufraga el 74%.
En lo que hace a la dimensión de género tenemos que, finalizada la emergencia por la Covid19, según una encuesta realizada por Argentina Futura y Flacso en 2023, el 51,9% de las jóvenes mujeres consultadas dijo que ningún/a candidato/a representaba los intereses de la juventud. En cambio, pero en forma muy lejana, el 13,3% de las mujeres jóvenes encuestadas veía en Cristina Kirchner a la candidata que mejor representaba a la juventud, seguida muy de cerca por Javier Milei, con el 12,8%. Esta tendencia difiere en alto grado entre los jóvenes varones consultados. El mayor porcentaje (40,5%) dice que Javier Milei es el candidato que mejor representa sus intereses en tanto jóvenes, seguido por quienes no sienten representados sus intereses por ninguna opción (el 31,7%) y, luego, pero muy de lejos (12,4%), por quienes piensan que Cristina Kirchner es la mejor representante de la juventud (Alcaraz y otros, 2023, p. 25).
Además de objeto de análisis, los jóvenes también son sujetos de derechos. Según la CEPAL (2014) garantizar los derechos de los jóvenes es esencial para su desarrollo integral y para el fortalecimiento de la democracia, por lo que resulta necesario aplicar políticas públicas que permitan ampliar su participación y promover ámbitos para ello. Nuestro país, desde la vuelta de la democracia, ha institucionalizado políticas vinculadas a la promoción de la participación de los jóvenes en la vida política. Tal vez, una de las más representativas sea la Ley de Ciudadanía Argentina N°26.774 de 2012, también conocida como Ley de Voto Joven, que, entre sus principales aspectos, establece el derecho a que jóvenes de entre 16 y 18 años puedan sufragar. Cabe aclarar que, si bien el sufragio es obligatorio según nuestra
Constitución nacional, la sanción por no ejercer dicho derecho sólo se aplica a las personas de entre 18 y 70 años de edad, motivo por el cual se suele decir que el voto a los 16 años es optativo.
Desde su sanción y aplicación en las elecciones legislativas de 2013, el 63% de los nuevos votantes concurrieron a las urnas, cifra que se ha ido incrementando en las subsiguientes elecciones hasta alcanzar casi el 70% en las presidenciales de 2023. En los comicios de ese año, el padrón electoral incluía a 35.912.841 ciudadanos habilitados para votar, de los cuáles
9.133.475 tenían entre 16 y 29 años (el 25,43%). En el rango de entre 16 y 18 años de edad había 1.168.033 electores, lo que equivale al 3,25% del total de los habilitados para emitir el voto. Esto implicó un crecimiento aproximado de un 47% respecto de las elecciones presidenciales de 2019. En cuanto a la distribución por género, el 51% de esa cifra son mujeres, el 49,7% varones y el 0,3% se reconoce como no binario. En el rango de 16 a 29 años, la cifra de mujeres crece al 52,3%, mientras que el porcentaje de varones desciende al 47,3%. Un 0,4% no manifiesta género o se auto percibe no binario.
En cuanto a la Provincia de Buenos Aires, con sus 13.110.768 electores concentra el 37% del padrón electoral nacional. De ellos, 453.346 tienen entre 16 y 17 años. En cuanto a la distribución por género, se mantiene la tendencia nacional del 51% de mujeres y el 49% de varones. El 64% del total de votantes de la provincia están distribuidos en partidos que conforman el conurbano bonaerense, que, a su vez, aglutina la mayor cantidad de jóvenes ubicados en el rango de edad estudiado. Según las encuestas previas, a nivel nacional La Libertad Avanza (LLA) contaba con la preferencia de los jóvenes varones de entre 16 a 24 años, llegando al 69% en octubre de 2023. En las mujeres, ese porcentaje caía al 54% en el mismo período. Si extendemos el rango etario hasta los 29 años, Javier Milei tenía una intención de voto entre electores varones del 64%, mientras que en las mujeres la cifra decaía al 44%. Finalmente, en la Provincia de Buenos Aires, en las elecciones generales de 2023, el candidato de LLA presentaba una intención de voto del 55% en varones y el 40% en mujeres entre el rango de 16 a 24 años.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concibe a la juventud como una etapa de la vida comprendida entre los 15 y los 24 años. En su definición, se enfatiza la
transición de la dependencia infantil a la independencia adulta, destacando tanto los aspectos
biológicos como los socioculturales de esta etapa (PNUD, 2014, p. 67). Sin embargo, como vimos a lo largo de este artículo, referirse a la juventud implica conceptualizar más allá de un enfoque biológico segmentado por rangos etarios. En este sentido, resulta más apropiado abordarla como una categoría multidimensional y no homogénea, que se relaciona con otras como ser: la clase, el género y/o la raza, las cuales moldearán sus trayectorias de vida y expectativas.
En efecto, la noción de juventud está atravesada por una multitud de preconceptos y una acumulación de adjetivos que la vuelven fascinante, fructífera y problemática a la vez (Pérez Islas, 2000). Desde la mirada académica, se pasa de concebirla como transformadora y rebelde, a considerarla como apática y desinteresada. Sin embargo, otros autores (Bourdieu, 1990; Vommaro, 2014 y 2021) proponen pensarla como una noción dinámica social y culturalmente construida, y no solo basada en un rango etario o una etapa biológica.
A su vez, los jóvenes no viven sus experiencias de manera aislada, sino que estas se encuentran profundamente influenciadas por las estructuras sociales y culturales que los rodean (Stuart Hall, 1976). Para Eric Hobsbawm (1995, p. 327) conviene pensar en la juventud no como una categoría fija, sino como una construcción social que ha variado en el tiempo y que tuvo su invención después de la Segunda Guerra Mundial, al dejar de ser pensada sólo como una etapa intermedia entre la niñez y la vida adulta. A partir de la década de 1960, la juventud se convirtió en un período de vida con una identidad propia, caracterizada por una cultura juvenil que desafiaba las normas establecidas y buscaba autonomía e independencia, hasta el punto de ser vista como una fuerza social y política significativa que impulsaba movimientos de cambio y protesta. Además, las y los jóvenes comenzaron a ser reconocidos como consumidores de bienes diseñados exclusivamente para ellos y, también, como sujetos de derecho.
Ahora bien, a lo largo de este artículo pretendimos trazar un panorama general sobre la participación política juvenil y su percepción acerca de la democracia en Argentina y la provincia de Buenos Aires en el período 2021-2024. Si bien el retorno del sistema democrático (1983) transita por su cuarta década en Argentina, y se cumplen 30 años de vigencia de la última Constitución reformada (1994), varias de las políticas diseñadas para mitigar la pandemia fueron percibidas como una restricción de los derechos constitucionales.
En una primera aproximación podemos arriesgar que la crisis sanitaria, sobre todo en lo referido a las medidas de aislamiento adoptadas por los diferentes niveles de gobierno, dejó una mella en la representación que algunos grupos juveniles tienen sobre la democracia y la participación política. Por un lado, fruto de estas restricciones de movilidad presenciamos una migración del activismo (en el que los jóvenes fueron y son un factor clave, tanto en la transformación como en la revitalización de la vida política desde el fin de la última dictadura y hasta esta parte) desde el espacio público al virtual. A su vez, la pandemia no hizo más que aumentar la desigualdad tanto económica como social al interior de un grupo de por sí vulnerable.
Sobre el primer punto debemos destacar que las manifestaciones públicas (a pesar de que estaban prohibidas o, al menos, restringidas) continuaron, y los jóvenes fueron parte de ellas, no tanto para desafiar las medidas en sí, sino como una forma de visibilizar su trasfondo adultocéntrico. Asimismo, durante este período de restricciones se realizaron elecciones de medio término, donde la participación del grupo etario estudiado alcanzó el 70%. Según los autores citados (Vázquez, Cozachcow, Vommaro) no es que la participación disminuyó durante este período, sino más bien que mutó hacia nuevos espacios, formatos y dispositivos, a la vez que muchos jóvenes orientaron su interés y activismo hacia nuevos reclamos y, algunos de ellos, hacia referentes alternativos. A su vez, y según el relevamiento que hemos hecho hasta aquí, previo al aislamiento obligatorio los jóvenes de sectores más vulnerables ya sentían una cierta desconfianza respecto de la democracia en tanto valor o institución, debido a que la misma no había sabido cumplir con sus expectativas. Otro tanto ocurría respecto de la participación política tradicional. Luego, a las políticas de encierro se sumó la crisis económica resultante de la pandemia (crisis que ya venía gestándose desde antes) así como la falta de perspectiva de crecimiento a corto y largo plazo.
Por todo esto no resulta extraño que la figura disruptiva del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, haya tenido especial resonancia en determinado grupo de jóvenes, que veían en él y en sus propuestas un discurso antisistema a través del cual canalizar su frustración y descontento con los partidos tradicionales. Si en la década anterior, la militancia juvenil pasaba por ocupar el espacio público (plazas, calles, escuelas, etc.) y por intentar copar y renovar las estructuras tradicionales, en esta década su participación y organización se está volcando a las redes sociales, como forma de enfrentar a la “casta política” con liberalismo extremo y radical. Así la disputa política arribó a las plataformas digitales como TikTok, Instagram, X, YouTube o Twitch, siendo éstas las redes que más se desplegaron durante la
pandemia y, sobre todo, entre la población juvenil. Así, alejadas de las formas clásicas y habituales, las ideas hasta ahora consideradas marginales en nuestro país (como las de achicamiento del Estado, libre mercado sin interferencia estatal, reducción de impuestos, etc.) no sólo han sabido construirse como una opción genuina y aceptable, sino que, también, lograron generar un vínculo desde lo emotivo a través de enunciados políticamente incorrectos desde donde se atacaba a los supuestos responsables de las crisis económicas, la falta de perspectivas y oportunidades, el desempleo, entre otros males.
Un factor a resaltar es la adhesión mayoritaria entre los varones a estas ideas. Sobre todo, entre quienes ven en el feminismo y en las políticas de género y equidad (como la Educación Sexual Integral) a un enemigo hembrista que busca la destrucción de los hombres y el adoctrinamiento a través de la imposición de ideologías de género. Como señalamos más arriba, sirva como ejemplo de expresión de este enemigo la Marea Verde, una de las movilizaciones protagónicas en el espacio público en la década pasada, que, entre otras demandas, impulsó la Campaña por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, el
#NiUnaMenos, etc., protestas todas que alteraron la esfera pública contra los discursos misóginos y en pos de la búsqueda de una mayor equidad entre géneros.
Por tanto, en este contexto, el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023 en Argentina, podría interpretarse como un emergente de cabotaje de una desconfianza general en las estructuras e instituciones tradiciones, las que no consiguieron dar respuesta a los problemas acarreados por las crisis mundiales, reiteradas desde el crash de 2008. Figuras cómo Jair Bolsonaro, Donald Trump, Giorgia Meloni, entre otras, surgen y tienen adeptos entre los sectores más castigados, tanto por las mencionadas crisis como por la post- pandemia, entre ellos los jóvenes desencantados y frustrados, tanto por ver que su generación no logra progresar, como por su propia falta de perspectivas de futuro.
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