Revista Derecho Público Económico

Editorial

El Editorial — 2022-06-27

Con mucha satisfacción presentamos el Tercer Número de la Revista de Derecho Público Económico, que constituye un importante esfuerzo académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental para divulgar las diversas materias que componen esta importante área del derecho. La finalidad no solo es dar a conocer estas materias, sino también generar un relevante debate que permita conocer más a fondo las implicancias de la intervención de la Administración Pública en la economía.

Propuesta para la innovación de la fiscalización administrativa

Alvaro Anicama González — 2022-06-27

La fiscalización administrativa se entiende usualmente como una potestad pública otorgada a los órganos de la administración para supervisar, controlar, vigilar e inspeccionar las actividades realizadas por los administrados, así como para verificar su adecuación a la regulación vigente. Es decir, comprobar el cumplimiento normativo. Si bien hoy esta norma aún se encuentra redactada de la misma manera en la actual Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), hay una diferencia desde diciembre de 2016 con la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1272, que establece un marco conceptual y de regulación para la potestad fiscalizadora, aplicable de manera general y obligatoria a todos los niveles del Estado y sujetos involucrados. El presente artículo busca proponer un nuevo método para la innovación de la fiscalización administrativa, lo cual significaría un cambio en el modelo basado en un marco estrictamente legal o procedimental dominada por la disciplina jurídica, la búsqueda del orden público, entre otros mecanismos.

El control descontrolado. Los procedimientos de la Contraloría General de la República para el descargo de desviaciones o irregularidades en la gestión pública y su alejamiento de los derechos humanos

Arturo Delgado Vizcarra — 2022-06-27

Durante el ejercicio de su gestión, los servidores públicos toman decisiones y ejecutan acciones para cumplir el encargo que se les ha otorgado, pero resulta que, además de la obligatoria revisión de facultades de estructuras legales y de políticas o planes de acción, deben revisar si su decisión implica riesgos de responsabilidad posterior. La razón para que ello ocurra es muy sencilla y se basa en una dualidad. Los resultados positivos de la gestión normalmente son propiedad de la institución y sus titulares. Y los problemas son propiedad personal de los servidores que los ejecutaron. Sobre la base de esta dualidad, en buena parte de las oportunidades, las decisiones son aletargadas por una revisión minuciosa de posibilidades. Esta mecánica origina que, luego de estas revisiones, no se opta por la solución más eficiente, efectiva o la de mayor calidad, sino por la menos riesgosa. Este artículo busca explayarse sobre los procedimientos de la Contraloría General de la República para el descargo de desviaciones o irregularidades en la gestión pública y su alejamiento de los derechos humanos.

Las infracciones en materia de contratación administrativa

Christian Guzmán Napurí — 2022-06-27

En todo contrato administrativo debe participar por lo menos un órgano estatal en ejercicio de función administrativa. La ley define qué se entiende propiamente por entidad, que en determinadas circunstancias puede incluir entes no estatales de derecho público interno, como los fondos constituidos total o parcialmente con recursos públicos, sean de derecho público o privado. Este artículo busca explorar cómo, en el contexto de un proceso administrativo sancionador, se pretende primero una previsión especial, frente al administrado que comete la infracción; así como una previsión general, respecto del resto de administrados, para que ellos no cometan estas infracciones, pero enfocados en la satisfacción de necesidades públicas a través de la contratación administrativa. En este sentido, el autor se explaya sobre las distintas infracciones posibles en materia de contratación administrativa.

Cuna Más: una oportunidad potente del Estado para igualar y una primera reflexión para la universalización del servicio

Francisco Tarquino Sandoval — 2022-06-27

La razón de ser de la existencia de los programas sociales está en la esencia de lo que es el Estado, actor fundamental en nuestra sociedad que concentra el presupuesto de la República, pero también punto de encuentro de la mayoría de las demandas de los demás actores de nuestra sociedad, sino de todas ellas. Así, es esencial en el Estado la universalidad de sus acciones. Todos somos iguales ante el Estado y los servicios que este brinda, y sus actividades no discriminan a quien a él acude. El presente artículo busca analizar el programa Cuna Más y cómo es un mecanismo para combatir la desigualdad.

La consulta previa a los pueblos indígenas u originarios como política pública en el Perú

Nadia Palomino Fernández — 2022-06-27

La presente investigación analiza cómo nuestro país viene reconociendo y ejecutando el derecho a la consulta previa en comunidades indígenas u originarias con especial énfasis en las comunidades amazónicas de Ucayali. Durante mucho tiempo estas comunidades han sido víctimas de distintos tipos de desastres, sobre todo de carácter natural, ecológico y social. Entre las diferentes afectaciones que han denunciado estas comunidades amazónicas, se encuentran el endeble proceso de «diálogo social» entre las autoridades políticas, los representantes de las empresas que buscan las concesiones de obras extractivas, y los comuneros y comuneras de este grupo de comunidades indígenas u originarias. Así, se busca evidenciar el incumplimiento del Estado peruano con estos grupos.

Mercados de carbono: alcances y desafíos para afrontar el cambio climático

Nathaly Torres López — 2022-06-27

Se desarrollan aquí los alcances teóricos y de evolución que ha tenido a nivel internacional el mecanismo de mercados de carbono. Teniendo como horizonte los tratados y compromisos internacionales referidos al cambio climático y adoptados por los Estados parte. Así también se analizan los avances y retos que afrontan tres países en la consolidación del mecanismo de mercados de carbono.

Constitución y ambiente: una aproximación

Pierre Foy Valencia — 2022-06-27

Se desarrolla un marco general de la relación entre Constitución y ambiente, sus antecedentes, sus procesos de constitucionalización ambiental, los apartados constitucionales y la constitución ambiental, la Constitución, los derechos humanos y el derecho al ambiente, los derechos complementarios al ambiente y el desarrollo infraconstitucional.

El régimen legal de las sociedades de propósito exclusivo en materia de proyectos de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos en el Perú

Richard Martin Tirado — 2022-06-27

A diferencia de la contratación pública tradicional, referida a las adquisiciones de bienes y a la contratación de obras y servicios, las operaciones en las que se exige la constitución de una provisión de servicios públicos (SPE), se configuran para proyectos de largo plazo, en las cuales es indispensable contar en calidad de contraparte contractual del Estado, a una organización empresarial debidamente constituida con las reglas previstas en la Ley General de Sociedades (LGS). Es decir, se debe contar con un sujeto de derecho que tenga la condición de persona jurídica. En este sentido, el autor busca ahondar en el régimen legal de las sociedades de propósito exclusivo para la gestión de infraestructuras y de SPE.

El procedimiento administrativo sancionador del Tribunal de Contrataciones y la gran ausencia del órgano instructor y de otras garantías menos favorables que las establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General

Victoria Pérez Aguilar — 2022-06-27

El presente trabajo busca analizar la importancia del órgano instructor y de otras garantías en el procedimiento administrativo sancionador a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado desde un punto de vista administrativo y constitucional, según la Ley del Procedimiento Administrativo General y los criterios de diversas resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional.