Participación ciudadana en la fiscalización ambiental peruana

Resumen

Se entiende la participación ciudadana como el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a través de actos, con la finalidad de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles: nacional, regional o local; contribuyendo de esa manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos.

Sin embargo la participación política o ciudadana no siempre estará normada, pero en la medida que no sea ilegal, se constituye en un elemento que dota de vida a la democracia, pues supone ciudadanos informados, conscientes de sus derechos y obligaciones, interesados en la conducción de la cosa pública de su comunidad.

En el Perú el tema de la participación ciudadana ha tenido gran apertura tanto por parte del Estado como de las organizaciones de la sociedad civil, siendo uno de los pocos países que ha desarrollado de manera amplia su marco legal.

En casi todos los niveles de gobierno, se han implementado de alguna manera u otra, espacios de concertación como escenarios de debate y consenso sobre políticas públicas entre el Estado y la población organizada, pues se parte del supuesto de que es posible, a través de procesos de diálogo y negociación, encontrar bases de acuerdo que satisfagan a todos (1).

En este contexto, la fiscalización ambiental -a cargo de las entidades competentes- permite la intervención de la ciudadanía en asuntos relacionados a la calidad del medio ambiente por constituir un tema de interés público que procura la mejora de la calidad de vida de todas las personas.

Así, la fiscalización ambiental promueve el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables asumidas por los administrados. Esta función comprende las acciones de evaluación de la calidad ambiental de la zona de influencia del proyecto o actividad económica, la supervisión de las obligaciones ambientales de los administrados y, de detectarse incumplimientos a dichas obligaciones, la tramitación de los respectivos procedimientos sancionadores, en los cuales se pueden imponer sanciones y dictar medidas cautelares y correctivas. Además, comprende el otorgamiento de incentivos por las buenas prácticas ambientales implementadas por las empresas.

Respecto a la evaluación de la calidad ambiental, un alto porcentaje de éstos se realizan de modo participativo para determinar el estado de la calidad ambiental de los ecosistemas, en áreas de influencia de actividades productivas fiscalizables por el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental). Los logros alcanzados en el 2015 dan cuenta de un total de 2,265 acciones de evaluación de la calidad ambiental. Las acciones de supervisión de las obligaciones ambientales de los administrados alcanzaron en el mismo año 5,603 casos; y las supervisiones a entidades de fiscalización ambiental (gobiernos regionales, municipalidades) fueron de 5,603. La tramitación de procedimientos sancionadores en el 2015 alcanzó a 2,937 resoluciones emitidas en primera instancia administrativa.

En el proceso de fiscalización ambiental, el OEFA propicia la participación ciudadana en las acciones de evaluación ambiental incorporando los monitoreos ambientales participativos. Mediante este mecanismo se permite a la ciudadanía participar para medir la presencia y la concentración de contaminantes en el ambiente. Este mecanismo de participación se encuentra regulado en el Reglamento de Participación Ciudadana en las Acciones de Monitoreo Ambiental a cargo del OEFA, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 032-2014-OEFA/CD. En esta norma se ha establecido un procedimiento con las etapas y acciones que el OEFA debe realizar antes, durante y después de los monitoreos participativos, con el fin de consolidar un sistema de fiscalización ambiental más eficaz y transparente (2).

En virtud de dicho procedimiento, todo ciudadano interesado (incluyendo al administrado que desarrolla el proyecto o actividad económica puede participar en los monitoreos ambientales organizados por el OEFA (3). Adicionalmente, con el objeto de fortalecer las acciones de monitoreo ambiental pueden participar también entidades del Estado, como las autoridades regionales o locales con competencia territorial en la zona de monitoreo ambiental o las entidades públicas que tienen como función la protección de derechos relacionados con el ambiente. Esta amplitud en la participación de todos los actores involucrados, le ofrece a los ciudadanos y las instituciones un espacio de diálogo y coordinación constante, que les permite colaborar con la identificación de los puntos de monitoreo y acompañar al OEFA durante la toma de muestras en campo. Es oportuno mencionar que durante el año 2014 se realizaron 14 monitoreos ambientales participativos y en el año 2015 se han ejecutado 13 en diversos sectores industriales del Perú (2).

Entre los mecanismos para hacer realidad la participación ciudadana se tiene: La Red Universitaria de Capacitación y Educación en Fiscalización Ambiental (RUCEFA), que tiene como propósito capacitar a estudiantes universitarios para que estos contribuyan a difundir la normativa que regula la fiscalización ambiental y las competencias de la Entidad, con énfasis en aquellas que norman las funciones del Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA), entre los sectores de la población en situación de vulnerabilidad social; también el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales (SINADA) a través del cual se permite a cualquier ciudadano informar sobre los posibles impactos negativos que se generen en el ambiente; el Monitoreo ambiental participativo, que son mecanismos de participación ciudadana en las labores de monitoreo ambiental que desarrolla el OEFA; asimismo la Participación ciudadana en el proceso de elaboración de normas Jurídicas, proceso en el cual el OEFA publica los proyectos normativos a efectos de que la ciudadanía pueda emitir sus opiniones y sugerencias. Más aún, aunque la ley no lo exige, en la elaboración de los últimos proyectos normativos, se ha considerado conveniente llevar a cabo reuniones con los comentaristas para enriquecer el debate y lograr normas mejor sustentadas (3).

Sin duda a mayor participación de la población organizada en este macro proceso de la fiscalización ambiental es altamente probable que la calidad de nuestro medio ambiente mejore con impactos positivos en beneficio de todos.