Notas sobre el Indulto Presidencial

Julio Salomé Castro

Resumen


Las reflexiones que en el presente estudio se hacen tienen por finalidad contribuir a la todavía pendiente o incompleta discusión y visión jurídica con respecto a los tipos (o tipos válidos), límites y judicialización del indulto, en tanto prerrogativa otorgada por la Constitución al Presidente de la República. No es nuestro objeto, por ello, otorgar al lector respuestas indiscutibles o incontrovertibles con respecto a este tema, sino -y muy a despecho de quien guardaba esta expectativa- poner sobre la mesa cuestiones y contenidos del indulto que carecen de una respuesta en la doctrina y en la jurisprudencia, iniciando a partir de estas constataciones una debate mayor que pueda calibrar adecuadamente el margen de acción de esta prerrogativa y su debida interpretación dentro de un Estado Constitucional. Si las líneas que siguen se ajustan a ello, nuestra finalidad habrá sido cumplida y estaremos, luego, obligados a proponer soluciones.

Es de advertirse, sin embargo, que la reducida jurisprudencia existente con respecto a esta materia ha hecho que –con las justificaciones que se encontrarán en el texto- utilicemos ciertos asuntos jurisprudenciales análogos que resultan aplicables al indulto.


Texto completo:

descargar artículo

Referencias Bibliográficas


1. RODRIGUEZ CAMPOS, Rafael. “El indulto como manifestación del derecho de gracia en la Constitución de 1993 y su tratamiento en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano”. En: Actualidad Jurídica. Número 207. Gaceta Jurídica. Lima. 2011. pág. 146. GÓMEZ PAULET, Noelia Roxana. “Reflexiones sobre las gracias presidenciales a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Jaililie”. En Jus-Constitucional. Número 5. Grijley. Lima. 2008. pág. 88-92. SOLER, Sebastián. Derecho penal argentino. Actualizado por Guillermo J. Fierro. Tomo II. Décima reimpresión. TEA. Buenos Aires. 1992. pág. 491. y BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Miguel. Manual de Derecho Penal. Parte General. Editorial Santa Rosa. Lima. 2000. pág. 381-382. De la misma forma DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Supervisión del Sistema Penitenciario”. Serie Informes Defensoriales N.° 113. Lima. 2007. pág. 138.

2. CHIRINOS SOTO, Enrique. La Constitución. Lectura y comentario. Quinta Edición. Rodhas. Lima. 2006. pág. 313, quien excluye a la amnistía como forma gracia presidencial argumentando que aquella es ejercida por el Congreso y las gracias son únicamente atribuciones presidenciales. Igualmente DORADO MONTERO, Pedro. El derecho protector de los criminales. Citado por RODRIGUEZ DEVESA, José y SERRANO GÓMEZ, Alonso. Derecho Penal Español. Parte General. Décima Séptima Edición. Dykinson. Madrid. 1993. pág. 671, quien también exceptúa la amnistía como especie de la gracia presidencial.

3. RODRIGUEZ DEVESA, José y SERRANO GÓMEZ, Alonso. Idem. pág. 670-671.

4. BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de Derecho Penal. Parte General. Ariel. Barcelona. 1984. pág. 412.

5. BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis Comparado. Cuarta Edición. Rao Jurídica. 1998. pág. 573.

6. Sobre este tipo de indulto se recomienda el libro de FERNÁNDEZ PAREDES, Jorge Antonio Edgardo El indulto a procesados en el ordenamiento jurídico del Perú. Lima. (s. n.) 2008.

7. Sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 4053-2007-PHC. Asimismo, aunque no se trataba de un caso de indulto para procesados sino de indulto por razones humanitarias, en la Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso José Enrique Crousillat López Torres, Expediente N.° 03660-2010-PHC/TC, tampoco se ingresa a realizar distinciones y aclaraciones de la norma constitucional que se refiere erróneamente a la gracia cuando en puridad se regula otra cosa, aunque en este caso, cabe hacer la salvedad que el magistrado Francisco Vergara Gotelli en su voto particular señaló: “tenemos que advertir que el indulto como gracia resulta una facultad que la Constitución otorga al Presidente de la República” (subrayado nuestro), de lo cual se podría concluir que el indulto es una clase de gracia.

8. No se puede dejar de mencionar los antecedentes de las Gracias que se encuentran en el Fuero Real basada en las Partidas (Partida VII, Título XXXII, De los perdones), en el Ordenamiento de las Cortes de Valladolid de 1312 (Fernando IV) y en las Leyes de Indias. Sobre el particular, Camilo. Breves consideraciones sobre el derecho de gracia. Kessinger Publishing. Madrid. 1900 citado por VALLE-RIESTRA, Javier. “Amnistía, indulto y gracia: Cosa juzgada irrevocable e irrevisable. En: Jus Constitucional. Grijley. Número 5. 2008. Lima. pág. 58., que cita además a CUELLO CALÓN, Eugenio. Derecho pena. Parte general. Bosh. Barcelona. 1967. Tomo I. pág. 715, aunque Valle-Riestra restringe el antecedente únicamente para el indulto.

9. BASADRE GROHMANN, Jorge. Historia de la República del Perú (1822-1933). Tomo I. Editorial El Comercio. Lima. 2005. pág. 85.

10. Debe entenderse al “indulto general” como la amnistía pues se trataría del olvido del delito para un número no específico de personas, características propias de la amnistía y no en sentido estricto del indulto.

11. La Cámara de los Tribunos era la primera Cámara del aparato legislativo que establecía la Constitución de 1826, en este sentido el artículo 27° de dicha Constitución señala: “El Poder Legislativo emana inmediatamente de los cuerpos electorales nombrados por el pueblo: su ejercicio reside en tres cámaras. Primera: de tribunos. Segunda: de senadores: Tercera: de censores.”

12. El fundamento de voto del magistrado Calle Hayen en la STC en el Expediente N.° 4053-2007-PHC se refiere únicamente a la prerrogativa del Presidente y no a la que podía ejercer la primera Cámara del Poder Legislativo.

13. Se puede aquí verificar que el instituto de la amnistía strictu sensu estaba ya en formación y tenía asidero en la Constitución de 1834.

14. En contra de recortar esta facultad por cualquier motivo VALLE RIESTRA, Javier. ob. cit.

15. Sobre la estructura frecuentemente abstracta de las normas constitucionales particular POZZOLO, Susanna. “Neoconstitucionalismo y especificidad de la interpretación constitucional” en: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Tomo 21. Volumen II. Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante y Centro de Estudios Constitucionales. Alicante. 1998. pág. 339-353, asimismo, pero con especial referencia a las normas de derecho fundamental BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 2003. pág. 97-100.

16. GARCÍA CALDERÓN, Francisco. Diccionario de la legislación peruana. Grijley. Lima. 2004.

17. ROY FREYRE, Luís Eduardo. Causas de extinción de la acción penal y de la pena. Grijley. Lima. 1997. pág. 229.

18. HURTADO POZO, José y PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Manual de Derecho Penal. Parte General. Tomo II. Cuarta Edición. Idemsa. 2011. pág. 418.

19. BRAMONT ARIAS TORRES, Luis Miguel. Ob. cit. pág. 381.

20. RODRIGUEZ CAMPOS, Rafael. Ob. cit. pág. 147.

21. GÓMEZ PAULET, Noelia Roxana. Ob. cit. pág. 88, quien además reconoce dos tipos de indulto: el indulto común y el indulto por razones humanitarias.

22. Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso José Enrique Crousillat López Torres, Expediente N.° 03660-2010-PHC/TC, fundamento jurídico número 3.

23. Sobre la prevención general negativa el Tribunal Constitucional a afirmado en la sentencia en el caso de la Ley N.° 28586 que modificaba el artículo 47° del Código Pena, Expediente N.° 0019-2005-PI/TC: “Hoy se reconoce una vertiente negativa y otra positiva a la teoría de la prevención general. La primera establece como finalidad sustancial de la pena el efecto intimidatorio que genera la amenaza de su imposición en aquellos individuos con alguna tendencia hacia la comisión del ilícito.”, fundamento jurídico 32.

24. El conteo correcto de “tipos” de indulto en el Perú sería el siguiente: indulto común, indulto por razones humanitarias, indulto para procesados común e indulto para procesados por razones humanitarias. Asimismo, existió en el Perú un indulto excepcional e indulto para procesados excepcional, figura que estaban reguladas por la Ley N.° 26655 y que consistía en la concesión de indultos para sentenciados y procesados por el delito de terrorismo y traición a la patria sin elementos de convicción suficientes, no obstante, por Ley N.° 29744 - Ley que continua el proceso de consolidación del espectro normativo peruano de fecha nueve de julio de dos mil once, da por cumplida la finalidad de esta norma y por tanto se declara que no forma parte del ordenamiento jurídico vigente en el país. De esta interpretación se sigue que el indulto excepcional a desaparecido y que su mención dentro del Reglamento (artículo 3° Resolución Ministerial 162-2010-JUS) es derogada. Con todo, resulta relevante precisar que la defensa de Alberto Fujimori Fujimori (http://www.rpp.com.pe/2012-09-29-nakazaki-indulto-humanitario-procede-sin-impportar-la clase-de-delito-noticia_526471.html consultado el veinte de diciembre de dos mil doce) ha apuntado su existencia y la viabilidad de su concesión, no obstante, como se ha señalado esta clase de indulto se encuentra derogada y sus fines eran diametralmente distintos.

25. Resolución Suprema N.º 097-2006-JUS de fecha 14 de junio de 2006.

26. En el mismo sentido GÓMEZ PAULET, Noelia Roxana. Ob. cit. pág. 93-96.

27. Esta descripción podría fácilmente encajar en la coyuntura actual en que se tramita el indulto por razones humanitarias para el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, la cual ha desatado la aprobación de unos y el rechazo de otros. A la sazón, aunque en este caso de Fujimori la figura del beneficiario es sustancial, no debe perderse la vista que si la sociedad se encuentra expectante y separada por un indulto por razones humanitarias, el descontento y los disidentes se sumarán en casos de indulto común.

28. Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Ley de Regalía Minera, Expediente N.° 0048-2004-PI-TC, fundamento 61. Sobre el particular, también se recomienda BERNAL PULIDO, Carlos. El derecho de los derechos. Universidad de Externado de Colombia. Bogotá. 2005. pág. 255 y ss. y ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Derecho a la igualdad en el Perú: modelo para armar, avances y retos por enfrentar. Reflexiones a la luz de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional sobre el particular”. En: Los derechos fundamentales. Estudios de los derechos constitucionales desde las diversas especialidades del Derecho. Gaceta Jurídica. Lima. 2010. pág. 83-96.

29. Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Juan Carlos Callegari Herazo, en el Expediente N.° 0090-2004-AA/TC, fundamento jurídico 12.

30. Un concepto mínimo de Estado Constitucional sería la de un modelo post positivista, centrado por tanto en la Constitución como núcleo generador de la legislación, AGUILO REGLA, Josep. “Sobre derecho y argumentación” En Justicia Constitucional. Revista de Jurisprudencia y doctrina. Dirección César Landa Arroyo. Palestra. Lima. 2007. pág. 127-136.

31. Sobre las manifestaciones del control y la limitación del poder se recomienda el trabajo de DÍAZ, Elías. Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Taurus. Madrid. 1969. pág. 31 y ss.

32. Para un estudio sobre organismos autónomos se recomienda ROMANO, Santi. “Nozione e natura degli organi constituzionali dello Stato” En: Scritti minori. Volumen I. Giuffre. 1950. pág.

33. Sobre el particular se recomienda la lectura de DONAYRE MONTESINOS, Christian. “En torno a la controversia suscitada entre el Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. Un breve análisis desde la teoría general de los organismos constitucionalmente autónomos”. En Actualidad Jurídica. Número 146. Gaceta Jurídica. Lima. 2006. pág. 297 y ss.

34. Sobre este tema puede revisarse la resolución de admisión de los casos de Defensoría del Pueblo, en los Expedientes N.°’s 0017-2003-AI/TC y 0023-2003-AI/TC.

36. Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la Ley Penal contra el Lavado de Activos, Exp. N.° 0033-2007-PI/TC, fundamento jurídico 21.

37. Existen importantes diferencia entre los procesos constitucionales contra normas y los procesos constitucionales contra actos basados en normas. En los primeros, y como es ampliamente conocido, se ataca una norma cuya aplicación inmediata e incondicionada restringe desde su entrada en vigencia derechos constitucionales. En los segundos, se ataca no la norma sino el acto administrativo o judicial que se justifica o encuentra respaldo en una norma cuya constitucionalidad está viciada. Con similar criterio la Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Expediente N.° 05397-2008-PA/TC fundamento jurídico 2-4.

38. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1992. pág. 45. Sobre lo mismo, la Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Pedro Andrés Lizana Puelles, Expediente N.° 5854-2005-AA/TC, fundamento jurídico 12.

39. Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 28704, Expediente N.° 0012-2010-PI/TC, fundamento jurídico 16.

40. BERNAL PULIDO, Carlos. El principio de proporcionalidad… señala gráficamente aunque circunscribiendo su análisis a los derechos fundamentales que: “El principio de proporcionalidad estructura (…) un procedimiento en cinco pasos, en el cual son tenidos en cuenta todos los argumentos materiales analíticos, normativos y fácticos a favor y en contra de la validez de la norma adscrita relevante. Los cinco pasos son los siguientes: a. La adscripción prima facie de una norma de derecho fundamental [o constitucional], y de su posición respectiva (…); b. La verificación de que la ley examinada en el control de constitucionalidad constituye una intervención en el ámbito de la disposición de derecho fundamental relevante; c. El examen de idoneidad de la ley; d. El examen de necesidad de la ley; e. El examen de proporcionalidad en sentido estricto de la ley” pág. 128-129, agregando más adelante que: “(…) la aplicación de los argumentos literales en la interpretación de la Constitución y en la interpretación de la ley de intervención, son determinantes a la hora de fijar los dos pasos previos a la entrada en juego de los subprincipios de la proporcionalidad” pág. 544-545.

41. Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 28704, Expediente N.° 0012-2010-PI/TC, fundamento jurídico 44.

43. Resulta razonable concluir que en los delitos más execrables los fines de la pena tardarán más en producir sus efectos y por esa vía no resultaría admisible un indulto.

46. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (fondo) en el caso Barrios Altos vs. Perú, párrafo 41 y 42.

49. Sobre el margen de acción del juez constitucional debe recomendarse la lectura de LANDA ARROYO, César. “Justicia constitucional y political questions”. En: Pensamiento Constitucional. Número 7. Fondo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 2000. pág. 111 y ss., ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. “Reflexiones en torno a la jurisdicción constitucional en el derecho comparado”. En: Jurisdicción Constitucional, impartición de justicia y debido proceso. Ara Editores. Lima. 2003. pág. 45-61., DONAYRE MONTESINOS, Christian. “El margen de acción del juez constitucional frente a los actos calificados como ‘políticos’. Del control de los actos discrecionales por la jurisdicción constitucional al examen de la constitucionalidad de los actos políticos”. En: Actualidad Jurídica. Número 149. Gaceta Jurídica. Lima. 2006. pág. 143-152.

50. Sentencia del Tribunal Constitucional en el caso José Enrique Crousillat López Torres, Expediente N.° 03660-2010-PHC/TC, fundamento jurídico 21.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


 

Esta revista y sus contenidos están bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

 

Compártela en:

Google+   Twitter   Facebook 

 
Visita:
 
contador de visitas